España quiere reducir la semana laboral de 40 a 38,5 horas
El gobierno español ha anunciado planes para reducir la Duración máxima de la semana laboral de 40 horas a 38,5 horas a partir de este año. La medida, presentada por la vicepresidenta segunda y ministra de empleo, Yolanda Díaz, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Alrededor del 55% de los trabajadores españoles podrían verse afectados por este cambio. Esto fue escrito por E. Carrancio y E. Crespo en La Grada.
Recientemente, el gobierno español también aumentó el salario mínimo y ahora pretende reducir las horas de trabajo. Este cambio refleja los compromisos acordados entre PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición. Inicialmente, se planeó implementar reducciones de horas de trabajo para 2025, pero los plazos se han cambiado para el año en curso para permitir que los trabajadores tengan más tiempo libre.
* * Perfil de los trabajadores afectados por la reducción de la semana laboral**
El perfil de los trabajadores afectados por la reducción de horas incluye a hombres de entre 30 y 34 años, a menudo extranjeros, que trabajan en Baleares o Canarias o en Cataluña. Por lo general, tienen una educación básica y trabajan en el sector privado, especialmente en la industria. Muchos de ellos trabajan en la misma empresa de 5 a 10 años a tiempo completo.
Negociaciones fallidas y resistencia empresarial
Sin embargo, la comunidad empresarial no apoya la reducción de la semana laboral. Los empleadores creen que esto aumentará sus gastos operativos y reducirá las ganancias. Además, existe la preocupación de que esto pueda afectar negativamente la competitividad internacional de las empresas españolas.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, afirmó que reducir las horas de trabajo sin cambiar los salarios es en realidad equivalente a un aumento salarial del 7 por ciento, lo que aumentará los costos para las empresas. BBVA Research advierte de que la reducción de las horas de trabajo podría reducir el crecimiento del PIB en un 0,6% en los próximos dos años y el empleo en un 0,8%.
Las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y las empresas deberían ayudar a encontrar la mejor manera de implementar esta iniciativa para minimizar los posibles efectos negativos en la economía y el empleo.