Туризм
07.01.2020
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Налоговая Испании 2020: жёсткий контроль над арендной и малым бизнесом

Налоговая декларация доходах 2019 года (Declaración de la Renta 2019), которая будет составляться в мае и июне 2020-го года, потребует дополнительной информации о недвижимости, которой владеет налогоплательщик, арендной плате, коммерческой и профессиональной деятельности, облагаемыми подоходным налогом (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas — IRPF). О том, что 75`000 островитян на Канарах рискуют лишиться доходов, сообщает испанское издание eldia.es в статье «Расследование на рынке аренды урогожает доходам 75`000 островитян» («La intervención del mercado del alquiler amenaza los ingresos de 75.000 isleños»)

Новые правила вводятся Указом, дорабатываемым в настоящее время Налоговым агентством (Aeat) — он будет регулировать модели налоговой декларации и подоходного налога для доходов, полученных в текущем финансовом году.

Налогоплательщик должен сообщать о каждом имуществе, об использовании или использовании, которое указанное имущество имело в течение года, указав, составляло ли оно их обычное место жительства, является ли это жильём бывшего супруга и несовершеннолетних детей, или если оно было затронуто какой-то экономической деятельностью, которая не приносила никакого дохода.

Субъекты права, нанимающие работника для осуществления своей деятельности на Канарских островах, будут иметь право пользоваться налоговыми льготами, установленными правилами занятости в соответствии с налоговыми нормативами с указанными в них требованиями — увеличенными на 30%.

La intervención del mercado del alquiler amenaza los ingresos de 75.000 isleños
El control de los precios que quiere imponer el Gobierno central fomentará la economía sumergida y reducirá el número de viviendas en arrendamiento
Los expertos creen que muchas viviendas en alquiler se pondrán en venta con el control de los precios.
Los expertos creen que muchas viviendas en alquiler se pondrán en venta con el control de los precios. EFE
La intervención del mercado del alquiler que planean Podemos y el PSOE afecta directamente a cerca de 75.000 canarios. Exactamente a 74.323, según los últimos datos oficiales. Se trata en todos los casos de personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual. Ciudadanos que alquilan sus inmuebles a otros ciudadanos y que tributan por los ingresos que les reporta el arrendamiento en la declaración de la renta. Cuando se ponga en práctica el control de los alquileres, que es una de las medidas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han plasmado en su acuerdo de gobierno, esos alrededor de 75.000 contribuyentes del Archipiélago quedarán expuestos al riesgo de que sus ayuntamientos o el Ejecutivo regional limiten el precio que pueden cobrar a los inquilinos. En otras palabras: la Administración pública podrá fijar unos máximos y los propietarios estarán obligados a no cobrar o incrementar los precios por encima de ese límite. Si el ayuntamiento dice, por ejemplo, que un piso de cien metros cuadrados no puede arrendarse por más de 600 euros mensuales, al dueño del inmueble no le quedará más remedio que cobrar como máximo esa cantidad. Eso o vender el piso.
La idea de socialistas y podemitas (son estos últimos los que llevan tiempo insistiendo en la necesidad de intervenir el mercado del alquiler residencial) es que el sistema estatal de índices de referencia de precios, que está elaborando el Ministerio de Fomento, sirva de base a los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos para desarrollar sus propios índices. En sí mismos estos índices no serán más que una fuente oficial de información (hasta ahora hay que fiarse de los datos que publican los portales inmobiliarios) que entre otras cosas permitirá conocer la renta media que producen los arrendamientos en una determinada localidad, municipio o región. Pero esta información será la que permitirá a los consistorios y/o Ejecutivos regionales comprobar si se producen «subidas abusivas» de los alquileres y en qué zonas se producen, para así poder «regularlas». Es decir, para así justificar la intervención del mercado.
Antes, eso sí, el ayuntamiento de que se trate en cada caso tendrá que declarar el área en que haya detectado esas subidas abusivas de precios como «zona urbana de mercado tensionado», en la que tendrá potestad para limitar la ley de la oferta y la demanda y, en definitiva, para fijar alquileres máximos («poner techo», según la terminología empleada por Podemos y el PSOE). El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a precios «razonables» y «evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler». Sin embargo, la crítica generalizada de los expertos es que ocurrirá justamente lo contrario. Es más, el control de precios será caldo de cultivo para la economía sumergida.